El Ministerio de Hacienda ha combatido la evasión fiscal desde el primer día del Gobierno de Nayib Bukele, teniendo como objetivo recuperar aquellos fondos pertenecientes a los salvadoreños que fueron robados por malos empresarios en alianza con la vieja política.
Siendo uno de los hechos más representativos la aprobación del Decreto Legislativo 127, que dejó sin efecto 368 casos a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), los cuales tendrían un monto total de $280 millones.
De los 313 casos a cargo de la DGII, 69 eran fiscalización sobre cumplimiento de la Ley de Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; 40 multas a contribuyentes por diversos incumplimientos del Código Tributario; 203 fiscalizaciones sobre cumplimiento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y 1 fiscalización de Impuestos Específicos.
Por otra parte, de los 55 casos pertenecientes a la DGA, el 46% corresponden al sector Industria, 40% a comercio y el 14% a servicios; de ellos, el 22% son grandes contribuyentes, 48% medianos y 30% pequeños.
Esto se dio a conocer posterior a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que deja sin efecto el Decreto 127, devolviéndole al Ministerio de Hacienda las facultades para auditar y recuperar los $280 millones.
Uno de los compromisos del Presidente Bukele y su gabinete es el buen uso de los fondos públicos, algo que puede verse reflejado en la histórica inversión pública y como esta ha funcionado para impulsar la economía nacional.
