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El Salvador avanza en su estrategia para el manejo de pasivos

Bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, el Ministro Alejandro Zelaya presentó 3 iniciativas ante la Asamblea Legislativa para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras internacionales que tiene el país.

Una de las iniciativas se trata de las “Disposiciones que regulan y facultan al Ministerio de Hacienda para la ejecución de operaciones de administración y manejo de pasivos y otras operaciones financieras”.  Esto comprende la compra, canje o redención anticipada de títulos valores y la cancelación de deuda recomprada, recibida en canje o redimida con recursos procedentes de cualquier fuente y abarcando obligaciones de corto, mediano y largo plazo.

Con lo anterior, el Gobierno busca operativizar la compra anticipada de bonos de deuda soberana salvadoreña con fecha de vencimiento en 2023 y 2025, además de ejecutar otras herramientas financieras que generarán ahorros en el servicio de la deuda y reafirman la capacidad de pago de estas obligaciones.

“Entendemos por qué en el pasado nunca hubo preocupación por las finanzas públicas, porque se dedicaron a emitir deuda tras deuda sin un manejo estratégico de las finanzas”, enfatizó el Ministro de Hacienda. 

En conjunto con esta disposición, el Ministro Zelaya también presentó dos incorporaciones presupuestarias que complementan la iniciativa antes mencionada. La primera se trata de la inclusión de $365.1 millones provenientes de un bono interno emitido con el Banco Central de Reserva (BCR) con Derechos Especiales de Giro.

Además, se solicitó la incorporación de $200 millones gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Presupuesto General del Estado 2022, para obligaciones Generales del Estado, fondos que se utilizarán en esta estrategia de manejo de pasivos.

Con estas iniciativas presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Legislativa, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa ejecutando acciones claras para el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, que también permitirán generar ahorros para seguir financiando las obras y servicios destinados a la población salvadoreña.