Una de las estrategias del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, durante la emergencia de la pandemia por COVID 19 y la tormenta tropical Amanda, fue la atención integral de los salvadoreños, destinando los recursos necesarios para la ejecución de planes de contingencia en los 262 municipios del país.
Sin embargo, a través de una decisión unilateral de la anterior asamblea legislativa, sin consultar al Ministerio de Hacienda como ente rector de las finanzas públicas, se modificaron las asignaciones del Decreto Legislativo 608 para entregar $191.7 millones a los alcaldes de los partidos mayoritarios en el congreso.
A raíz de estas acciones y que luego de finalizada la gestión de los alcaldes (2019-2021), las instituciones competentes no realizaron las auditorías correspondientes, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda efectuó auditorías enfocadas en las transferencias a los Gobiernos Municipales.
En ese sentido, el Ministro Alejando Zelaya, y el Director General de Contabilidad Gubernamental presentaron los resultados de estas auditorías, en las que se identificó $24 millones en ejecución de fondos que no corresponden a lo establecido en los decretos de emergencia y $2.7 millones en gastos no documentados por 66 alcaldías.
“Se identificaron traslados de fondos a otras cuentas bancarias, gastos en arrendamientos, salarios, bonificaciones, dietas, compra de vehículos, aportes previsionales, inversión de fondos en proyectos no incluidos en los alcances de los Decretos de la Emergencia, entre otros”, explicó el Ministro Zelaya.
El funcionario agregó que estas auditorías permitieron recolectar y analizar evidencia documental y existencia física de los bienes, servicios u obras ejecutadas con los recursos entregados: “El 31 de agosto del año pasado la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio para facultar al Ministerio de Hacienda y realizar investigaciones en lo relativo al uso de fondos por las alcaldías”, enfatizó el funcionario
Además, agregó que “no se puede gastar recursos en algo que no esté regulado en ninguna ley, y en este caso el Decreto de Emergencia no contemplaba ese tipo de gastos”.
